La intervención de las instituciones y las personas que las integran son elementales al momento de considerar los aportes y posibilidades para los programas de justicia restaurativa; en el caso de El Salvador especialmente cuando la implementación se perfila -como en todos los países- en el ámbito de la justicia juvenil.
En tal sentido, a partir que los aportes institucionales se materializan desde funciones y competencias (roles) establecidos por el orden jurídico, donde piedra angular lo constituye la Convención de los Derechos del Niño y un fundamental principio de correponsabilidad de familia, sociedad y estado, se nos plantea una intervención integrada de diferentes ámbitos de gestión, desde lo público a lo privado, en los diferentes niveles de gestión, tanto al interior de la instituciones como en su consideración conjunta, e interrelación entre la administración pública y sociedad civil.
Cumplir esto supone el deber de integralidad en la gestión de la justicia (no sólo la justicia juvenil) , que supone la coordinación y diálogo institucional que nos permita superar una operatividad institucional disgregada y amorfa, sin un rumbo claro y definido, reactivo tan sólo a lo coyuntural, y en donde por variados motivos -algunos de los cuales con una necesidad de analizar muy profundamente- en el ámbito de la justicia juvenil y de los niños, niñas y jóvenes, se muestra mucho más debastador y perjudicial de los principios mínimos de dignidad y trato humano.
En días recientes, en nuestro país, se están gestando las posibilidades de integración de esos diferentes ámbitos, donde principalmete hacer y rehacer puentes entre sociedad civil y sistema de justicia, como también, en la intervención interinstitucional e interorgánica, es clave fundamental. Incluso las observaciones del Comité de los Derechos del Niño a El Salvador, el 17 de febrero de 2010, son particularmente importantes para reencontrarnos en el rumbo adecuado como sistema de justicia juvenil.
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